Abogado para Desalojar

La Ley 21.461, conocida como “Devuélveme Mi Casa”, redujo considerablemente los plazos para que los propietarios puedan recuperar su inmueble. Antes, un juicio de arrendamiento podía extenderse por más de un año; ahora, los tribunales deben resolver en plazos mucho más breves, lo que entrega al dueño una solución más rápida y efectiva.

El procedimiento contempla que, una vez presentada la demanda, el juez pueda fijar audiencia en pocas semanas. Además, si el arrendatario no comparece, la sentencia se dicta igualmente, evitando retrasos. Este mecanismo busca frenar el abuso de arrendatarios morosos u ocupantes ilegales.

En términos prácticos, el tiempo dependerá de la carga del tribunal y la complejidad del caso, pero la ley asegura un proceso más ágil en comparación con el sistema anterior.

Cuando el ocupante es un familiar que se niega a abandonar la vivienda, la situación suele ser delicada en lo emocional, pero la ley protege los derechos del propietario. La acción legal aplicable es la demanda por precario o la solicitud de desalojo, dependiendo del vínculo y de la existencia (o no) de contrato.

Un juez evaluará la legitimidad de la ocupación. Si el familiar no tiene un contrato válido y no paga renta, se considera que ocupa sin título, lo que habilita al dueño a solicitar el lanzamiento. Aquí cobra especial relevancia la representación de un abogado especialista, para evitar errores procesales que puedan atrasar el caso.

Aunque el proceso puede generar tensión familiar, es fundamental recordar que la ley prioriza la protección de la propiedad y la restitución de la vivienda al dueño legítimo.

Si el arrendatario causa daños al inmueble, el propietario no solo puede demandar el desalojo, sino también exigir la reparación económica de los perjuicios ocasionados. La Ley de Arrendamiento contempla la posibilidad de perseguir judicialmente las indemnizaciones por deterioro intencional o negligente.

En paralelo al juicio de restitución, el dueño puede presentar pruebas como fotografías, informes periciales o testigos, con el objetivo de acreditar los daños. De esta forma, el tribunal puede ordenar al arrendatario el pago de una indemnización.

Esto demuestra que el desalojo no es el único camino: la ley también permite resguardar el valor patrimonial de la vivienda frente a conductas abusivas de los arrendatarios.

Este escenario es grave, porque implica incumplimiento del contrato y un uso indebido del inmueble. La Ley Devuélveme Mi Casa refuerza los derechos del propietario para solicitar el desalojo en estos casos. El subarriendo no autorizado constituye una infracción directa al contrato de arrendamiento.

El propietario puede demandar el término del contrato y pedir el lanzamiento de todos los ocupantes, incluidos los subarrendatarios. Es importante tener asesoría legal, ya que el proceso requiere una adecuada fundamentación y la identificación de todas las personas que habitan en la vivienda.

Además, la ley faculta al juez para ordenar la restitución inmediata del inmueble, protegiendo al dueño de un uso abusivo que no solo impide el pago de la renta, sino que también pone en riesgo su patrimonio.